02Junio

Pronunciamiento del Ágora de las Mujeres

Publicado en: Home, Medellín

Pronunciamiento del Ágora de las Mujeres

Medellín, Mayo de 2017

Pronunciamiento del Ágora de las Mujeres frente a la grave crisis de las mujeres y las niñas colombianas ad portas de iniciar el proceso de implementación de los acuerdos de paz en el país

El Ágora de las Mujeres, proceso desarrollado por la Corporación para la Vida Mujeres que Crean, es un espacio de creación, de exploración personal y construcción política colectiva de mujeres universitarias comprometidas con la prevención de las violencias contra las mujeres. Producto de esta experiencia que ya culmina, las mujeres han construido desde sus sentires, un pronunciamiento que quiere referirse a la situación de las mujeres y las niñas colombianas, especialmente ahora en la coyuntura de implementación y construcción de acuerdos de paz.

“Creemos que la construcción de la paz en nuestro país debe acontecer bajo la garantía del derecho a una vida libre de violencias contra las mujeres, quienes hemos sufrido graves hechos victimizantes en contextos de guerra y aun hoy en el contexto de construcción de paz. Los Acuerdos de Paz lograron transversalizar el enfoque de género para crear las condiciones de transformación de las relaciones inequitativas de poder entre mujeres y hombres. No obstante, las mujeres y las niñas colombianas enfrentamos graves riesgos en el contexto del posconflicto y atravesamos una de las mayores crisis humanitarias como lo muestran los hechos en los diferentes escenarios sobre los que nos pronunciamos:

 

Escenario educativo

El modelo educativo en Colombia tiene raíces históricas en el sesgo androcéntrico. Pocos o nulos son los saberes de las mujeres abordados en las aulas de clase, si se les menciona es siempre en función y detrás de un gran liderazgo masculino. Las niñas reciben una educación sin referentes asertivos en la construcción de su identidad como mujeres. Desde hace varias décadas las mujeres hemos venido denunciando cómo al interior de las escuelas, colegios y universidades públicas y privadas se ha naturalizado -en medio de una panorama de silenciosa complicidad-, el acoso y la violencia sexual contra las mujeres, sin que las directivas académicas tomen medidas serias y  pertinentes al respecto; los casos están impregnados de impunidad y se alimentan del miedo y la vergüenza de las víctimas, que en muchas ocasiones prefieren no denunciar por no ver puesta en ridículo su dignidad o por no ser atacadas por sus perpetradores.

 

Escenario territorial

El primero de mayo del año en curso, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos llamó la atención sobre el alarmante número de asesinatos en lo corrido del 2017 que hasta la fecha tienen un registro de al menos 41 casos (PBI Colombia, 2017).

Hasta el mes de marzo de este año se registraron catorce feminicidios de lideresas y defensoras de derechos humanos y del territorio en Colombia que se oponen a prácticas y políticas extractivistas, con las cuales se ven afectadas junto con sus comunidades, por la explotación de su fuerza de trabajo, la pérdida de la soberanía alimentaria, las violencias sexuales implementadas como estrategias de control y terror, la militarización de la vida y la ruptura del tejido social (Zuluaga, 2016).

Respecto a la situación de las mujeres, las estadísticas identifican ataques que involucran violencias sexuales y amenazas a sus familias. Dentro de las víctimas se encuentran mujeres ambientalistas, lideresas indígenas, reclamantes de tierras, opositoras de los intereses económicos de la industria extractiva, agroindustria y ganadería (Estrella de Panamá, 2017).

Frente a esa situación, el Estado colombiano señaló que los ataques a lideresas y líderes sociales del país no poseen elementos que indiquen una sistematicidad en los ataques, las autoridades plantean que los asesinatos corresponden a riñas personales, venganzas o violencia general y crimen común asociado a territorios considerados zonas de alta conflictividad por la coca o minería ilegal. Por lo tanto, no hacen parte de un ataque a su ejercicio de la defensa de los derechos humanos y del territorio (PBI Colombia, 2017).

 

Escenario intrafamiliar

En los momentos en los que sentimos que vamos avanzando en temas de reconocimiento de nuestros derechos con leyes que rechazan la violencia de género como la Ley 1761 de 2015 conocida como Ley Rosa Elvira Cely, se agudizan los casos de constreñimiento y asesinatos de mujeres, como el feminicidio de Mónica Ávila Mahecha de 17 años, o el de Edith Jhoana Parra León junto con su hija y su hijo menores de edad; el feminicidio de Susan Lizeth de la Peña en Puerto Boyacá; el feminicidio de la niña de tres años, Sara Ayolina Salazar en el Tolima; el feminicidio de Leidy Laura Burgos Chancí en Medellín, solo para nombrar algunos de los más de 200 casos de asesinatos a mujeres ocurridos durante los primeros meses en el país.

Medicina Legal reporta 204 casos de feminicidio en el país a abril 5 de este año, 24 de ellas a manos de su pareja o expareja, de los cuales 43 ocurren en la ciudad de Medellín, los cuales reafirman que la violencia machista tiene origen en casa. Consideramos que esta violencia continúa en los entes estatales a los que llegan las denuncias y que son la muestra latente de que incluso en éstos, que deberían ser neutrales, a las mujeres se nos sigue considerando objetos de propiedad de los hombres. Siendo así ¿qué podemos esperar las mujeres cuando el ente encargado de protegernos y velar por nuestros derechos no tiene sensibilidad? ¿Cómo interpretar que el actual gobierno cede los presupuestos de los programas de y para las mujeres a otros proyectos, y no le da trascendencia suficiente a la situación de las mujeres y sus hijos?

 

Por estas razones y hechos, exigimos:

Que la institución académica se posicione frente a las violencias contra las mujeres y genere acciones reales de protección y sensibilización en la comunidad educativa; así mismo, que cumpla con las políticas educativas para la incorporación del enfoque de género en la educación.

Que el Gobierno y sus entidades territoriales, ofrezcan las garantías para el ejercicio de la defensa del territorio, los derechos humanos y los derechos ambientales, a lideresas y líderes que trabajan a riesgo de su vida e integridad para favorecer la protección de las comunidades y de la madre tierra y sin los cuales es inviable la construcción de una paz sostenible y duradera.

A la administración pública, el aumento de presupuestos en los planes de desarrollo para implementar leyes y políticas que favorecen la justicia y la equidad para las mujeres como la Ley 1257 de 2008 y que se pueden aplicar a la creación y fortalecimiento de procesos de formación en enfoque de género, prevención y sensibilización en las violencias contra las mujeres y exigimos que los mismo sean obligatorios para todos los titulares de obligación del Estado”.

 

Por: Ágora de las Mujeres

 

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